Ser ciudadano significa tener derechos y asumir responsabilidades, de eso se trata el pacto que nos permite vivir en sociedad.
También hablamos de derechos y obligaciones cuando hablamos de proteger aquello o aquellos bienes que valoramos como un patrimonio colectivo, ciudadano.
La demolición de un pintoresco edificio, construido entre 1946 y 1948 en Avda. Italia y Mataojo, desató un intenso intercambio de expresiones, opiniones, cuestionamientos, dichos y entrevistas, plasmados en medios de comunicación oral, escrita, televisiva y en las redes sociales.
Han surgido legítimas y muy saludables preocupaciones ciudadanas en torno al patrimonio y IM entiende necesario informar con precisión sobre la responsabilidad institucional que le cabe, así como señalar los derechos y obligaciones de los actores directamente involucrados en los hechos.
El edificio construido para la fábrica de alfombras Assimakos por el Arq. Caprario está incluido en el Régimen General establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Ello significa que no está considerado en ninguno de los niveles de protección del patrimonio cultural vigentes.
Vale decir que, en el ámbito nacional, no ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, ni integra el listado de Bienes de Interés Departamental.
No existe ley nacional o decreto departamental que le imponga a su propietario las obligaciones emergentes de esta cualidad.
Por tanto, el propietario tiene limitado su derecho a la propiedad solamente por las normas generales de aplicación a las distintas instancias en las que entienda deba operar sobre el bien.
En ningún momento se ha solicitado o propiciado la consideración del bien para su protección patrimonial ante esta Intendencia por parte de instituciones, Facultad de Arquitectura (listados de bienes propuestos), ni de personas ciudadanos o no, siendo este un derecho que existe y no ha sido ejercido.
El propietario del bien, sea quien fuere, abandonó su uso y mantenimiento, sin riesgo a terceros, durante mucho tiempo, devaluando de esta manera su entorno urbano.
Degradado el bien, el propietario y el técnico actuante generaron una propuesta edilicia, seguramente ajustada a sus necesidades.
En este paso pudo existir la sensibilidad del profesional a cargo o del propietario para mantener los aspectos icónicos del edificio, pero ello no es obligatorio. Se solicitó y se obtuvo un permiso de construcción.
Según comentarios realizados en las redes sociales, se descartó un proyecto - presentado por otra firma técnica- que consideraba la rehabilitación de la edificación en sus aspectos esenciales, hecho sobre el cual la IM no debe ni puede tener injerencia.
Sin embargo, ni propietario ni empresa procuraron la obtención del permiso de demolición aun habiendo sido notificados de ello.
En el fin se semana posterior a la notificación, culminaron la demolición. Bajo su responsabilidad se puso en riesgo la integridad de trabajadores y bienes de terceros.
Sobre esta situación la IM aplicará las sanciones que correspondan, una vez que culmine el análisis de la situación. A su vez, la obra ha sido paralizada.
En cuanto a la responsabilidad institucional que le cabe a la IM en materia de Protección del Patrimonio, es necesario mencionar que en esta administración se han realizado las obras de rehabilitación y puesta en funcionamiento del Hotel Casino Carrasco, el proyecto, las obras de rehabilitación y puesta en funcionamiento del Mercado Agrícola (MAM), proyecto, construcción y puesta en valor del espacio Muralla Abierta.
Se ha proyectado y se están realizando las obras de rehabilitación de la Casa de Andalucía.
Se promovió ante la Junta Departamental el decreto que declara Bien de Interés Departamental a seis edificios emblemáticos, uno de ellos del Arq. Caprario. Esta declaratoria surgió como la primera etapa en la consideración de un listado aportado por la Facultad de Arquitectura.
Se promovió ante la Junta Departamental la creación del área patrimonial y la creación de la Comisión Especial Permanente para el barrio Peñarol, recientemente integrada y presidida por el Arq. Nery González, que se agrega a la existentes –Ciudad Vieja, Prado-Capurro, Pocitos, Carrasco-Punta Gorda, Colón-Lezica y Montevideo Rural (suelo rural agrícola) y Comisión de Espacios Públicos Patrimoniales.
Se promovió ante la Junta Departamental la creación de la Comisión Especial Permanente del Barrio Reus Norte, en fase de integración junto con el Municipio C.
Estas comisiones gestionan al año algo más de 2.500 asuntos, en los cuales se consulta, proponen y autorizan proyectos de valor patrimonial. Están integradas por representantes de diversas instituciones que ponen su capacidad, tiempo y trabajo a disposición de la sociedad en forma honoraria.
Se promovió ante la Junta Departamental un ajuste al decreto que regula el Plan Especial de Carrasco y Punta Gorda y el Plan Especial del Barrio Goes que comprende el Barrio Reus. Aportando así mayor y mejor marco normativo con reglas claras que trasparentan la gestión.
Se está culminando el proceso de redacción de los planes especiales para Pocitos y Prado - Capurro.
Se culminó y se encuentra disponible en la web el Inventario Patrimonial de Ciudad Vieja.
Se realizó el ciclo de Patrimonio en Debate a través de seis mesas redondas y tres conferencias con invitados nacionales y extranjeros, de libre acceso. Los aspectos medulares de este ciclo se recogieron en el libro del mismo nombre, presentado en diciembre del 2013, que no cierra la discusión sino que la abre.
Se publicaron los libros “Ciudad Vieja. Lo perdido, lo conservado y lo transformado” y “Mercado Agrícola”.
Esta es una breve reseña de lo realizado en los últimos cuatro años, en el desarrollo de una política departamental que se inició hace más de 30 años, cuya fértil continuidad ha creado cultura ciudadana, ha rehabilitado, gestionado, reflexionado, incidido en aspectos conceptuales, coordinado con otras instituciones, promovido el patrimonio como un derecho ciudadano, incluido miradas e intereses diversos, integrado múltiples dimensiones en las que el patrimonio participa como un sistema.
Este es un tema colectivo que involucra a múltiples ámbitos y actores de la sociedad.
No concebimos una política de protección patrimonial sin el reconocimiento de los derechos colectivos ni las obligaciones que emanan de ellos, sin una gestión clara y transparente.
Seguiremos trabajando junto a diferentes instituciones y organismos en el mejoramiento de las normativas como en distintas herramientas para la mejor protección patrimonial.
Información obtenida de la página de la Intendencia